Con el objetivo de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes ante la entrada en vigencia -el 5 de septiembre de 2026- del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley Nº 27.801, la Defensoría General de la Nación dispuso una serie de medidas organizacionales destinadas a fortalecer la especialización de la defensa pública y la protección integral de las personas alcanzadas por el nuevo sistema.
Las nuevas dependencias funcionarán en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación y bajo la órbita institucional del Dr. Mariano Patricio Maciel, titular de la Unidad de Implementación del Régimen Penal Juvenil (UIRPJ), creada para coordinar el proceso de adecuación institucional del Ministerio Público de la Defensa al nuevo régimen legal.
Mediante la Res. DGN Nº 1010/2026, la Defensoría General implementó las Unidades de Defensa Penal Juvenil Nº 1 y Nº 2, dependencias especializadas destinadas a ejercer la defensa técnica de adolescentes de 14 y 15 años alcanzados por el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil.
La Unidad de Defensa Penal Juvenil Nº 1, coordinada por la Dra. Silvina Vanesa Santamaría, tendrá a su cargo la intervención desde el inicio de la investigación penal, la imputación o el primer acto de intervención estatal de naturaleza penal, hasta la radicación de la causa ante el tribunal oral competente. Integran además esta unidad la Dra. Yasmín Camile Ahuad, el Dr. Gonzalo Huarte Petite, la Dra. María Verónica Morales, la Dra. Carla Anabella Ringa y la Sra. Rosa Francisca Paz.
La Unidad de Defensa Penal Juvenil Nº 2, coordinada por el Dr. Marcelo Carlos Helfrich, intervendrá a partir de la radicación de la causa ante el tribunal oral y durante las etapas de juicio, impugnación, ejecución y seguimiento de las medidas o sanciones que pudieran imponerse. El equipo se encuentra integrado además por la Dra. Julieta Sofía Gramajo, la Dra. Vanina María Anahí Fernández, el Sr. Federico Luis José Talon, la Dra. Julieta Daelli, la Dra. Paula Florencia Suárez Soto, la Dra. Patricia Alejandra Tuniewicz y la Sra. Mirta Noemí Varela.
La resolución también establece pautas de articulación entre estas unidades, las Defensorías Públicas Oficiales, las Defensorías Públicas de Menores e Incapaces y las demás dependencias del Ministerio Público de la Defensa con intervención en la materia, con el propósito de asegurar una actuación especializada, coordinada y eficaz.
Por su parte, mediante la Res. DGN Nº 1011/2026, se creó la Unidad de Defensa Pública de Víctimas del Régimen Penal Juvenil, coordinada por la Dra. María Lina Carrera, destinada a brindar asistencia, representación y patrocinio jurídico a las víctimas de delitos comprendidos en la Ley Nº 27.801 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integran también esta dependencia el Dr. Agustín Mariano Farga, la Dra. Cintia Soledad Saavedra y la Dra. María Valentina Sheridan Assad.
Entre sus funciones se encuentran garantizar la participación efectiva de las víctimas durante todas las etapas del proceso penal juvenil, promover medidas de protección, intervenir en procedimientos de mediación cuando corresponda, coordinar acciones con organismos especializados y facilitar el acceso a mecanismos de reparación integral.
Asimismo, mediante la Res. DGN Nº 1012/2026, se dispuso concentrar en la Unidad de Defensa Penal Juvenil Nº 1 todas las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre la Justicia Nacional de Menores y la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con motivo de la aplicación de la Ley Nº 27.801.
La misma resolución creó el Equipo de Trabajo sobre Cuestiones de Competencia en Materia Penal Juvenil, integrado por el Dr. Mariano Patricio Maciel, quien actuará como titular; el Dr. Gabriel Alberto Lanaro Ojeda, en carácter de coordinador; la Dra. Silvina Vanesa Santamaría; y la Dra. María Lina Carrera. El equipo tendrá a su cargo el análisis de los casos que se presenten, la coordinación de las intervenciones institucionales, el diseño de estrategias de actuación y litigio y la elaboración de recomendaciones para la Defensoría General de la Nación.
Estas medidas constituyen una adecuación institucional orientada a asegurar que, desde la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, el Ministerio Público de la Defensa cuente con estructuras y equipos especializados para garantizar una defensa técnica temprana, continua y eficaz de adolescentes, así como la protección y representación efectiva de las víctimas, en pleno respeto de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la Ley Nº 27.801.
